La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha explicado que el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana para gestionar la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 ha dado el visto bueno a las resoluciones planteadas por las diferentes consejerías para no exponer al personal empleado público a situaciones de riesgo y, paralelamente, mantener la actividad de la administración regional.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI CLM) ha reclamado a los poderes públicos una protección reforzada, más intensa, a las personas con discapacidad y sus familias en las medidas que se adopten contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por la posición de mayor necesidad objetiva que este grupo social presenta.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la "capacidad para ganar la batalla" contra el coronavirus.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en las zonas de mayor riesgo de propagación del coronavirus de las ciudades de varias ciudades españolas para realizar labores de reconocimiento y desinfección, según ha anunciado este domingo el Ministerio de Defensa.

El personal empleado público de Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no deberá acudir mañana a su puesto de trabajo, salvo que se le haya comunicado expresamente a lo largo de esta tarde por parte de su unidad de personal que se requiere su presencia física, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza', y con el Código Penal a quien no cumpla las restricciones fijadas por el Gobierno en aplicación del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia por coronavirus. Puede haber sanciones administrativas de entre 601 y 30.000 euros o prisión, pero sólo en casos extremos de desobediencia ciudadana.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado hoy la necesidad de “reforzar los mecanismos de abastecimiento del sistema sanitario, fundamentalmente de todo el material relacionado con la protección”, al tiempo que ha señalado la conveniencia de “empezar a preparar desde ya la recuperación, la reconstrucción de la autoestima colectiva, y de la fortaleza de país”, ha subrayado.

 

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